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Abonados a ser vistos
Nos ven. Aunque no queramos y mucho más de lo que intuimos. En comercios, en bancos, en garajes, en comunidades de vecinos, taxis, alrededores de edificios oficiales, mientras conducimos, en estaciones de autobuses y trenes... y cada vez más en los centros de trabajo. Es el ojo universal, el gran chivato que devora cada día más espacio público y privado bajo el argumento de la seguridad.

La Agencia Española de Protección de Datos (AGPD) es testigo del fenómeno de la expansión y tiene registradas en España un total 18.284 entidades públicas y privadas con ficheros de videovigilancia activos, es decir, imágenes que quedan grabadas en una base de datos. La instalación de estos dispositivos ha crecido de manera espectacular, especialmente en los cinco últimos años. Si en el 2004 había únicamente 238 notificaciones registradas en España, éstas pasaron a 431 al año siguiente para crecer hasta los 4.979 en el 2007 (+1.055%) y casi doblarse hasta 9.578 en el 2008 (+92%).

A partir del 2006 la Agencia de Protección de Datos aprobó una instrucción que obligaba a los poseedores de dispositivos de grabación con base de datos a notificarlo. Eso puede explicar el alza, pero sólo en parte. Las razones de esta invasión van más allá.

Emiliano Muñoz, dueño de Proxima Sistems, una empresa radicada en Boecillo, dedicada a ingeniería especializada en aplicaciones de tecnologías de la información, constata que en los dos últimos años el sector de videovigilancia ha registrado aumentos del 40% anual en la demanda. Lo atribuye a la mayor percepción de inseguridad entre los ciudadanos y a la reducción del coste de los sistemas de monitorización. «Los precios ahora son muy razonables, la gente se ha quitado de la cabeza la idea de que las cámaras son sólo para bancos y quiere seguridad en su garaje o en su casa».

Las comunidades de vecinos son uno de los sectores que se han sumado con fuerza a esta corriente. Fernando Meléndez, director comercial de la compañía de seguridad Altatec, certifica que pintadas, rayones en automóviles, robos y episodios de vandalismo están llevando a muchos propietarios a recurrir al «ojo que todo lo ve a todas las horas». Meléndez tiene claro que el efecto disuasorio de estos dispositivos es un factor esencial. «En cuanto se instalan, este tipo de incidencias pasan casi a desaparecer». Si hasta hace unos años el uso de videovigilancia en el comercio se reducía a las joyerías, ahora la nómina de abonados se ha extendido y se ha desbocado hasta alcanzar los 3.061 registros.

Con todo, el espectro de entidades que instalan videocámaras se ha ampliado a otros sectores como el transporte -en Valladolid los autobúses búho de Auvasa-, taxis, industria y hostelería, entre otros.

Incluso algunos comercios se apoyan en el uso de cámaras para obtener pruebas ante posibles protestas de clientes por malas devoluciones en el cambio de billetes y monedas. En cuanto a las vías públicas, los ayuntamientos están superando los reparos a posibles críticas de intromisión en la intimidad y están apostando por los dispositivos de vigilancia.

En Zaragoza, Juan Alberto Belloch, alcalde socialista y ex ministro de Interior y Justicia, abandera la iniciativa para instalar cámaras de vigilancia en varias calles de la capital maña para poner coto a los destrozos y actos incívicos. «Frente al vandalismo lo que cabe es represión, sin más», expresó tras varios episodios de salvajadas callejeras en el Corredor Verde del barrio Oliver.

En Santiago de Compostela, un juzgado ordenó retirar seis videocámaras colocadas en el casco histórico tras la denuncia presentada por el Movimiento por los Derechos Civiles. A la marea instaladora de cámaras de vigilancia en las calles se han sumado, entre otras, capitales como Madrid, Cáceres o Málaga. El consistorio salmantino ha solicitado permiso de instalación de dispositivos de seguridad para plantar cara al vandalismo y las pintadas.

La valoración del CIS

La amenaza a la intimidad es el principal reparo esgrimido por quienes rechazan su colocación. No obstante, una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas en marzo del pasado año reflejaba que el 73% de los españoles es favorable a la instalación de sistemas de videovigilancia en lugares y establecimientos públicos porque proporcionan seguridad.

Más allá del debate sobre la intromisión de estos dispositivos en la intimidad, surge otro interrogante alusivo a su utilidad para combatir la inseguridad ciudadana. Mientras en el servicio de Estadísticas del Ministerio del Interior aseguran no contar con ninguna valoración, el Sindicato Unificado de Policía opina que gracias a la grabación de imágenes se resuelven entre un 60% y un 70% de los delitos que se producen en la vía pública. Con un matiz: su portavoz nacional, José María Benito, considera «archidemostrado» que las cámaras no reducen los niveles de delincuencia. «Muchos delincuentes no se percatan de si las hay. Eso sí, -puntualiza- su ayuda es vital en la persecución del delito para identificar a quien lo comete». Aún así, expresa su convencimiento de que «al final es la presencia policial la que permite reducir las infracciones».

Norte Castilla. 22 de marzo de 2009


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